Región. Capturan 11 integrantes del Clan del Golfo en el departamento de Córdoba, en medio de una jornada judicial, contra el secuestro y la extorsión, que se da a conocer hoy, en todo en territorio nacional, donde judicializan, en total 257 personas.
Los capturados en este departamento, son judicializados, según informe oficial, con medidas de aseguramiento, ya que la Fiscalía General de la Nación, mostró pruebas contra estas personas, que harían parte de dicha estructura criminal y estarían involucradas en cobros ilícitos y presiones a propietarios de hatos ganaderos, supermercados, almacenes y locales de venta de artículos para construcción.
Todas las capturas a nivel nacional, se ejecutaron en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y Grupos de Acción Unificada por la Libertad, GAULA, de la Policía Nacional, impactando 37 organizaciones delincuenciales en 23 departamentos y 3 capitales.
En audio se puede escuchar, especificaciones de esta jornada judicial. La delegada para la seguridad ciudadana, Carmen Torres Malaver, explica.
En el informe de la Fiscalía General de la Nación, resaltan las siguientes capturas, especificadas así:
-«Judicialización de cabecillas de las disidencias de las Farc como la de alias Drácula, del Grupo Armado Organizado residual (Gaor) 47, quien sería el presunto responsable de extorsionar a ganaderos y agricultores en Caquetá. Además, sería el determinador del ataque a una patrulla del Ejército Nacional el pasado 17 de junio, en San Vicente del Caguán, que dejó seis militares muertos.
-En Cauca, fueron capturados ‘Jonathán’, ‘Avión’ y ‘Floro’, tres presuntos integrantes del Gaor Dagoberto Ramos, procesados por secuestros extorsivos a comerciantes, estudiantes y profesores de varios municipios.
cuatro presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘La Terraza’, entre ellos alias Nandier, fueron enviados a la cárcel luego de constatarse su posible participación en 24 casos de extorsión y cuatro homicidios en Medellín (Antioquia).
‘La Faraona’, en Bogotá, una mujer conocida con este alias, habría instrumentalizado menores de edad para seducir comerciantes y empresarios de la zona industrial de Puente Aranda, en Bogotá. Los hombres eran trasladados a sitios nocturnos y allí les tomaban fotografías íntimas y comprometedoras. Posteriormente, les exigían dinero para no denunciarlos por proxenetismo o no publicar el hecho ante los medios de comunicación. En el último año, fueron conocidos seis casos.
‘Los Abelitos’. A Este grupo delincuencial, cuyo cabecilla era un sobrino del extinto capo del cartel de la droga del norte del Valle del Cauca, Iván Urdinola Grajales, le fueron capturados cuatro de sus presuntos integrantes. Al parecer, extorsionaban a empresarios agrícolas de La Unión, La Victoria y Bolívar (Valle del Cauca).
‘Los Abuelos’. En la comuna 15 de Cali, ocho personas señaladas de conformar esta banda delincuencial fueron judicializadas por cobros extorsivos a tenderos, transportadores de servicio público y conductores de volquetas, a quienes supuestamente amenazaban con quemarle los negocios o los vehículos.
Los Camaradas’. Algunos residentes de la localidad de San Cristóbal en Bogotá eran presionados a pagar 50 mil pesos semanales para transitar por el barrio en el que residían y poder llegar a sus viviendas. Las personas que no cumplían con esta cuota ilegal, al parecer, eran obligadas a desalojar sus inmuebles por una banda delictiva conocida como ‘Los Camaradas’. Ocho personas que harían parte de esta organización fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías.
Los Malagón’. Los transportadores informales y del servicio público de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá eran las víctimas de esta estructura delincuencial. En cada trayecto debían cumplir con un denominado ‘peaje’ para llegar hasta el barrio Mochuelo y evitar que sus vehículos fueran atacados. La banda fue desarticulada en esta ofensiva.
‘Los Fantasmas’. 14 señalados integrantes de esta red, 4 de ellos internos de la cárcel de Mediana Seguridad La 40, en Pereira, Risaralda fueron imputados y judicializados. Se les atribuye ejercer violencia física y psicológica sobre otras personas privadas de la libertad para permitirles usar los baños, camarotes y otros elementos del penal. Los pagos, que oscilaban entre 30 mil y 600 mil pesos, los realizaban los familiares de las víctimas y eran entregados a mujeres que serían cómplices de esta modalidad de extorsión».